Reproduzco íntegro el artículo de Jesús Laínz publicado hoy en Libertad Digital: "El Estado suicida". Y la foto también.
Lo mejor de todo (¿lo mejor?): "Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate", como recomendaba el Dante a las puertas del Infierno. Naturalmente, en la diatriva hay alguna concesión a la cortés benevolencia y, en esa medida, cierta falta de crudeza intelectual. Por ejemplo:
"Un Estado que permite que sus propios organismos puedan operar desde dentro para destruirlo sin que él pueda oponerse a ello es un Estado condenado a la desaparición."
Donde el autor dice: "él pueda", creo que debería decirse: "el gobierno de turno quiera". Más aun. Debería haber dicho: "los tres poderes del Estado, la Monarquía, el cuarto poder y el cuerpo electoral en su conjunto quieran". Lo dicho: un suicidio colectivo. Sin prisa, pero sin pausa. Con todo, un 9'99 sobre 10.
http://www.libertaddigital.com/opinion/jesus-lainz/el-estado-suicida-78760/
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Un Estado que permite que sus propios organismos puedan operar desde dentro para destruirlo sin que él pueda oponerse a ello es un Estado condenado a la desaparición. La cosa es tan clara que hasta el entendimiento más simple lo comprendería, pero nuestros políticos, tanto de esa variedad hemipléjica que llaman izquierda como de la otra que llaman derecha, llevan sin comprenderlo cuatro décadas. Es más, así lo diseñaron: por muchos regates que se empeñen en dar los interesados en seguir engañándose, el famoso Título VIII de la Constitución no es más que un revólver apuntando a la sien de España. Y aun concediendo –lo que es mucho conceder– que no lo fuera estrictamente sobre el papel, o al menos en las cándidas intenciones de algunos –algunos, solamente algunos– padrastros constituyentes, lo imperdonable es que no se admita que su desarrollo legislativo y político a lo largo de estas décadas ha materializado ese revólver e incluso las balas que ya han sido disparadas.
Olvidémonos de todos los casos de rebelión interna, sobre todo en la pacífica Cataluña, que han sucedido con escandalosa impunidad en los últimos años y, para no ponernos pesados, centrémonos en estos últimos días, simplemente como muestra.
En tierras vascas, Arnaldo Otegi acaba de declarar que, en caso de vencer en las próximas elecciones autonómicas, su objetivo será convertirse en "el lehendakari más peligroso para los intereses del Estado" y emprender "un proceso unilateral independentista similar al que se ha puesto en marcha en Cataluña". No se le puede acusar de tibieza o disimulo. Así hablan los hombres. Así hablan los líderes. Así hablan los gobernantes. En la trinchera contraria, suponiendo que esa trinchera exista, no hay ninguno.
En tierras levantinas, Acció Cultural del País Valencià organizará el 23 de abril un acto separatista. Hasta aquí, todo perfecto. Cada uno organiza los actos que quiera. En eso consiste la libertad de expresión. Pero lo interesante del asunto es que, según se ha publicado, esa asociación valenciana está subvencionada generosamente por la Generalidad catalana y su acto contará con el apoyo institucional de los Gobiernos de Cataluña y Baleares, la Diputación de Valencia, los Ayuntamientos de Valencia, Alicante y Castellón y las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana. Rebelión general. Todas esas instituciones públicas apoyando un acto partidista dirigido a la voladura interna del Estado del que forman parte. Y, mientras tanto, el Gobierno de la nación, de copas con los dirigentes separatistas en el Ampurdán. Y los partidos de ámbito nacional, indiferentes. Y la Corona, silente. Y el Estado, inexistente.
Pero no todos los ataques a la legalidad, a la Constitución, a la Nación y al Estado tienen relación con el Título VIII ni con sus beneficiaros separatistas, ya que la burla perpetua a la legalidad, a la Constitución, a la Nación y al Estado puede adoptar muchas formas. Cada día más, vista la impunidad. El último ejemplo ha sido el carnaval tricolor del pasado día 14 de abril, 85º aniversario de la declaración de la Segunda República que fue aprovechado por multitud de gobernantes locales y autonómicos para utilizar las instituciones como centros de exaltación republicana. Ante las tímidas protestas que algunos han osado emitir, los responsables se han parapetado, con enorme hipocresía y desprecio a la legalidad, en la libertad de expresión. Una sola pregunta al respecto: ¿qué habría sucedido si algo semejante, pero de cariz ideológico evidentemente opuesto, hubiese sucedido para conmemorar el 18 de julio? El fin del mundo. Y los encargados de ulular de democrática indignación, de rasgarse las vestiduras, de exigir dimisiones y prisiones, de acusar de golpismo y de augurar las siete plagas de Egipto habrían sido los mismos que ahora defienden la legitimidad de sus actos anticonstitucionales.
Todo esto en una semana. Y así, semana tras semana, mes tras mes y año tras año. Y ante este hundimiento general todos callan. Todos salvo algunos delincuentes del pensamiento que llevamos toda la vida avisándolo y denunciándolo ante la rechifla y la condena universales.
